Ya hace casi dos décadas que los trenes dejaron de ser protagonistas de nuestro país, cuando en los años 90 se consideró que su uso debía estar atado a la eficacia económica y no a la eficiencia social, y esa concepción arrasó con el tendido ferrocarrilero argentino.
Esto es historia conocida, pero cuando uno tiene oportunidad de visitar una estación de tren que formó parte de aquella dinámica red que cruzaba el país dando vida a cientos y cientos de poblaciones, se le estruja el corazón.
Me veo tentado a decir que me pareció estar en un museo al aire libre, que me trajo a la mente tantos y tantos recuerdos infantiles en estaciones de trenes iguales o parecidas, pero en verdad esa emoción entre la melancolía y la tristeza no la causa la idea de un museo, sino la de un cementerio.
La soledad, el silencio del lugar, el único sonido de las hojas que el viento arrastra por el suelo, es el de un sitio que no rememora el pasado sino que lo ha enterrado.
Visitar estaciones de tren como esta me enfrenta con las pruebas definitivas del crimen. Es el verdadero cuerpo del delito, las consecuencias visibles de una política que entregó las políticas públicas al poder económico.
Hoy Felipe Solá envió por Twitter un mensaje en el que decía que si fuera gobierno sus políticas agrarias serían establecidas entre Estado y productores agrarios. Le contesté que eso era entregar la responsabilidad del Estado. Me respondió que todas las políticas deben consensuarse entre “productores, ONGs, etc.” y el Estado. Es preocupante que tipos con pretensiones de poder como Solá crean que la Sociedad Rural es lo mismo que una ONG. Eso es estupidez, inocencia o lo peor, servilismo.
Los representantes del pueblo e
n una democracia están puestos allí para ejercer su responsabilidad de establecer políticas desde el Estado, entregar a los sectores involucrados esas políticas es arrodillarse a sus intereses.
Como pasó en los 90, cuyo cuerpo del delito son los cementerios que hoy son aquellas estaciones del ferrocarril.
