Suiza se propone establecer la llamada Renta Básica Universal (RBU) para todos los ciudadanos, sin importar su situación, de 2.800 dólares para adultos y 700 dólares para niños por mes. Es decir, abonarle a todo ciudadano suizo por el mero hecho de serlo una asignación mensual fija sin condiciones ni diferencias.
Esta medida que suena totalmente innovadora y hasta a primera vista altamente progresiva, observada con más detalle muestra un costado neoliberal y hasta reaccionario.
El presupuesto necesario para enfrentar el gasto de RBU reemplazará a todos los demás pagos actuales del sólido esquema de la seguridad social suiza: jubilaciones, seguro de desempleo, salud y decenas de subsidios menores.
Es decir, en lugar de un complejo esquema de compensaciones sociales como el actualmente existente para abordar la problemática individual de cada ciudadano según sus necesidades, sea por estar desempleado, por ser parte de la tercera edad, por sufrir alguna enfermedad invalidante, por accidente o por pobreza, solo habrá un único ingreso universal para todos por igual.
No debe perderse de vista un dato: en Suiza la línea de pobreza está fijada en 2.200 francos suizos por habitantes, la RBU que se propone se ubica entre los 2.000 y 2.500 francos suizos.
La pregunta es si el presupuesto de un Estado debe ser dedicado a darle a todos los ciudadanos un mismo ingreso, como el que se analiza; o debe aplicarse a detectar cuáles son las necesidades para compensar las diferencias obvias que una sociedad expone entre sus habitantes, como se hace actualmente.
Si finalmente se aplica la RBU, en Suiza recibirán del Estado 2.700 dólares al mes tanto el presidente de un banco como un desempleado, el gerente de un laboratorio como el operario de limpieza de esa misma empresa, lo cual, por ejemplo, congelará el problema de la desigualdad sin modificarlo, siendo que Suiza es uno de los países más desiguales de Europa en materia de diferencia de ingresos (existe un movimiento que propone establecer un techo a esta desigualdad en 12 veces entre sueldos mas altos y más bajos).
Podemos llevar este razonamiento a la idea manifestada por Elisa Carrió en Argentina, que considera que la Asignación Universal por Hijo debiera ser cobrada no solo por los hijos de familias en emergencia económica, sino por todos los niños argentinos, sin importar si ese niño pertenece a una familia de altos recursos o a una familia pobre.
Recordemos que Cavallo en los años 90 propuso eliminar el PAMI y darles a los jubilados una asignación adicional equivalente al presupuesto de ese organismo dividido la cantidad de afiliados, para que cada uno se ocupe privadamente de solventar sus gastos de salud.
Lo que puede aparecer a primera vista como una idea “justa”, se rebela a poco de analizarla como una medida insolidaria destinada a privatizar los gastos sociales y a simular una igualación de una base real absolutamente desigual.
Conviene aplicar un análisis del mismo tema a esta propuesta suiza que suena tan atractiva a los oídos progresistas, pero que en los hechos es la privatización de la responsabilidad del Estado de ordenar sus gastos para atender las diferencias, atenuar las desigualdades y asistir a los necesitados.